Hecha la ley hecha la trampa
Lo lamento: vuelvo a ser pesimista. Dudo sobre los resultados que puedan darse en el proyecto de ley anticorrupción en los contratos del estado. Y con la ley de indemnización a las víctimas del “conflicto armado”, temo que lo peor en materia de corrupción está por venir.
Una larga experiencia en lidiar con leyes y procesos me ha enseñado que entre más se legisle, más se regule y más se reglamenté, lo único que se logra es encarecer las propinas o comisiones.
Ante las nuevas dificultades y nuevos trámites y papeleos, necesariamente aparecerán los solucionadores. Los que pueden resolver los trámites, los que tienen acceso a las soluciones y adjudicaciones, y por supuesto previo pago de esos buenos oficios bajo una comisión de un tanto por ciento.
En su momento se dijo (década de los años 80 y 90) que las normas que regulaban la contratación oficial, eran las generadoras de las comisiones, los amaños y la corrupción. Se clamó por una nueva normatividad y se dictó la nueva ley de la contratación estatal. Además se dictaron normas para reducir los trámites y papeleo. (Ley anti trámites).
El resultado lo estamos viviendo: solo se logró que se encarecieron las comisiones. Para contratar o para adelantar con éxito cualquier trámite, llámese licencia, permiso, etc., los interesados descubrían que era necesario tener infinita paciencia o recurrir a pagar ese impuesto que los funcionarios llaman el CVY (Cómo Voy Yo). Más triste aún: el CVY no solo aparece en la contratación o en los trámites, dicen los litigantes que la justicia no es ajena este gravamen. También dicen que hasta en actuaciones totalmente privadas, el CVY es normal, como por ejemplo ofrecer y recibir un “estímulo” para ser aceptado en un club social, o ganar un contrato entre personas particulares.
Junto con la nueva ley anticorrupción, se tramita la discutida ley de reparación de víctimas del “conflicto armado”. Ya se discutió a partir de qué año se debe “indemnizar” a las víctimas. Esa fecha podía ser muy elástica pues desde los años cuarenta muchas familias de nuestros pueblos fueron víctimas de desplazamientos y de pérdida de su patrimonio. En esa época no se habló de reparación. Los desplazados llegaron a las ciudades y en lugar de pedir limosna en los semáforos (también es cierto que en esos años no se conocían los semáforos) o de esperar ayudas del gobierno, les tocó trabajar, y hoy sus descendientes son personas acomodadas.
Hoy ser “desplazado” se convirtió en una profesión. Pareciera que alguien los indujera a no trabajar, a no hacer nada diferente de pedir y esperar las ayudas e indemnizaciones del estado, de un estado que no fue el causante de su desplazamiento y su despojo. Claro que es muy lamentable la situación de esos desplazados, siempre que de verdad sean víctimas reales de desplazamiento, y el estado debe colaborarles en un reubicación y en la recuperación de sus propiedades perdidas. Pero otra cosa va a ser el pago de indemnizaciones.
Presiento que surgirá una manada de hambrientos lobos que ofrecerán sus servicios profesionales para hacer esos reclamos, y que surgirán más y más “victimas” que presentarán sus demandas. Y sobrarán las personas que tendrán poder decisorio para lograr que esas personas sean calificadas como “victimas” y obtener que se paguen indemnizaciones, a cambio por supuesto de un “honorario” o “comisión”.
Por otra parte me pregunto: ¿Tendrá el estado presupuesto para atender tantas demandas de indemnizaciones? O tendrá que disminuir la inversión en otros rubros para evitar ser demandado con tutelas?
Quisiera ser optimista, pero no veo las cosas claras.
